segunda-feira, 28 de fevereiro de 2011

Indígenas se preparan para el diálogo sobre minería

Raúl López
Los indígenas Ngöbe buglé, se preparan para dialogar sobre la ley 8 del 11 de febrero de 2011 que reformo el Código Minero de Panamá. Ellos piden que sea derogada
Indígenas se preparan para el diálogo sobre minería
El obispo de David, José Luis Lacunza, quien firma, señalo que la iglesia actuará como garante y no como mediador. Foto: Raúl López
Hace 5 h 54 min La dirigencia indígena, aglutinada en la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derecho del Pueblo Ngobe, se prepara para iniciar el diálogo con la comisión de alto nivel designada por el Ejecutivo, tras el acuerdo al que llegaron ambas partes ayer a las 9:00 de la noche en el distrito de San Félix.

El dirigente Rogelio Montezuma, informó a La Estrella que esta mañana se reunirían para elegir a sus representantes en la mesa del diálogo que debe iniciar mañana en el oriente chiricano, con la mediación de la iglesia Católica. En tanto Alberto Montezuma, también de la Coordinadora, dijo sentirse satisfecho con el acuerdo alcanzado anoche, ya que según señaló, de esta manera se pone fin a los enfrentamientos que habían recrudecido en los últimos días en distintos puntos de la provincia de Chiriquí, donde se mantenía cerrada la vía interamericana.

Anoche se restableció el tráfico vehicular; y se acordó la liberación de los indígenas que se encontraban retenidos en la cárcel pública de David. El punto en que se concentrará principalmente las conversaciones, será el concerniente a la creación de una ley que prohíba explícitamente la explotación minera en la comarca Ngäbe Buglé, lo que implicaría la revisión de la recién aprobada Ley 8.

Perdidas



En tanto, Nicolás Rivera, gerente de Terminales David-Panamá, indicó que desde las 10:00 de la noche del domingo, se restablecieron los viajes hacía la ciudad de David, sin embargo reconoció que el servicio podría estarse normalizando hasta pasado medio día de hoy, ya que son muchas las personas que no habían podido viajar de Chiriquí a Panamá y viceversa. A pesar que tenemos varias unidades, la cantidad de usuarios acumulados, hace que la venta de boletos sea un poco lenta; ya que hay muchos pasajeros que ya habían adquirido su cupo, explicó.

Aunque sin precisar cuánto, dijo que las pérdidas ascienden a miles de dólares, ya que según manifestó, en los últimos tres días no pudieron transportar a los usuarios.

quarta-feira, 16 de fevereiro de 2011

Ñagare, ñagare, ñagare a la minería

Unos 10 mil indígenas de la comarca Ngäbe Buglé marcharon ayer hasta el cruce de San Félix, Chiriquí, para cerrar la vía Interamericana. Exigen la pronta derogación de la Ley 8 del 11 de febrero de 2011 que reformó el Código de Recursos Minerales. En la ciudad, las protestas la protagonizaron los universitarios: cerraron algunas vías por espacio de una hora. No se registraron enfrentamiento. Grupos ambientalistas, profesionales y de la sociedad civil realizaron una vigilia en la Iglesia del Carmen.

LA PRENSA/Eduardo Grimaldo
Los indígenas de la comarca Ngäbe Buglé se movilizaron desde sus comunidades hacia San Félix. Algunos caminaron varios días. Piden que no se explote cerro Colorado. Cuando llegaron el cruce de San Félix, a eso de las 2:00 p.m., decidieron cerrar la vía Interamericana. 1511968

redacción de la prensa
panorama@prensa.com

Las voces que exigen la inmediata derogación de la nueva ley minera se multiplicaron ayer en casi todo el país.

En Bocas de Toro, Chiriquí, Veraguas, y en la capital miles de manifestantes cerraron las principales calles para rechazar la norma: la Ley 8 de 11 de febrero de 2011 que reforma el Código de Recursos Minerales.

Las protestas se han incrementado en las últimas semanas, desde que la Asamblea Nacional empezó la discusión de los cambios a la ley minera impulsados por el Ejecutivo.

El Gobierno, en tanto, reiteró ayer que no derogará la ley, pero propuso un diálogo con los indígenas para explicarles que no pretende explotar cerro Colorado, uno de los yacimientos de cobre más grandes de la región.

Sin embargo, los dirigentes indígenas de la comarca Ngäbe Buglé le presentaron una contrapropuesta: un documento en el que le piden formalmente la derogación de la ley.

El documento fue entregado al viceministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles –candidato a defensor del Pueblo–, quien llegó ayer a San Félix megáfono en mano. En ese lugar se habían concentrado unos 10 mil indígenas de la comarca. Habían cerrado la vía Interamericana.

LA AGRESIÓN

Después de notificar a Carles, un grupo de indígenas enfurecidos le lanzó botellas plásticas de agua combinada con una sustancia picante. Luego lo empujaron hacia distintos puntos de la vía y no le permitían la salida hacia su automóvil.

Paralelo a los empujones sufridos por Carles, el suplente del diputado oficialista Jorge Alberto Rosas, Armando Guerra, fue atado de manos y también le lanzaron agua en el rostro.

No le quedó otra alternativa que salir corriendo hacia un restaurante del lugar, donde fue rodeado por otro grupo de personas.

Mientras Carles, visiblemente afectado, pedía que le auxiliaran. No tuvo el respaldo de miembros de la seguridad del Estado. Fue un grupo de líderes comarcales, entre ellos el cacique Rogelio Moreno y sus seguidores, quienes le ayudaron a entrar a su vehículo todoterreno. Los indígenas se abalanzaron hacia el auto y lo golpearon con palos.

El conductor pisó el acelerador hacia la playa de Las Lajas. Desde allí, un helicóptero lo trasladó a la ciudad de David, donde fue llevado al hospital del Seguro Social. De ahí salió a eso de las 9:00 p.m. con cuello ortopédico, con los brazos llenos de rasguños y la camisa manchada de sangre. Le dieron dos días de incapacidad.

LAS EXIGENCIAS

Carles llegó al punto de la protesta, en el cruce de San Félix, para dialogar con Rogelio Montezuma, el presidente de la Coordinadora de Lucha en contra de la Explotación Minera. Ahí firmó un documento que debe hacerle llegar al presidente, Ricardo Martinelli.

En el documento los indígenas exigen la derogación inmediata de la ley minera, pues, alegan, el nuevo código atenta contra la vida de todas las generaciones del pueblo Ngäbe Buglé.

También exigen el desalojo de extranjeros o grupos que tengan interés en la minería dentro de la comarca.

“En la comarca decimos ñagare, ñagare, ñagare a la explotación de cerro Colorado, o a cualquier punto dentro de la comarca”, concluye el documento.

Al firmar la nota, el viceministro Carles reiteró que el presidente Martinelli mantiene su posición de no explotar cerro Colorado, y dijo que el mandatario pidió que se nombrara una comisión con las autoridades locales de la comarca para dialogar sobre el tema minero.

“Mi compromiso es que no habrá explotación minera en cerro Colorado, y abrimos un espacio de diálogo con las autoridades tradicionales que representan a la comarca”, sostuvo Carles.

REABRE LA VÍA

La vía Interamericana fue cerrada con llantas, palos y otros objetos que fueron quemados. A pesar de la violencia, en esta ocasión no estuvieron presentes los miembros de la Unidad de Control de Multitudes de la Policía Nacional.

La carretera, que se mantuvo cerrada por más de cinco horas, fue reabierta a las 6:10 p.m.

COMERCIOS, CERRADOS

Mientras que los indígenas marchaban desde las 11:00 a.m., los bancos, cooperativas, tiendas, bares y otros comercios cerraron sus puertas como medida de precaución. Protegieron sus ventanas y puertas con hojas de plywood y hojas de cinc para evitar el saqueo.

Rogelio Montezuma explicó que evaluarán los resultados de las manifestaciones y negó que la protesta se les saliera de las manos.

“Dentro de ocho días volveremos a las calles en Chiriquí si no hay respuesta por parte del Ejecutivo”, advirtió Montezuma.

“¡Que se derogue la nueva ley minera!”, reiteró el líder indígena.

CIERRE EN PACORA

Más de 100 indígenas cerraron la vía Panamericana que comunica Darién con el resto del país, sobre el puente del río Pacora. Allí el grupo de manifestantes, que portaban pancartas en contra de la minería, calificaban a gritos de “dictador” al presidente Martinelli.

Los manifestantes, que cerraron la vía desde el mediodía, también pedían al Gobierno la derogación de la norma. La medida duró hasta las 10:30 p.m. y anunciaron, además, que reanudarán el cierre hoy a las 5:00 a.m.

En esta protesta también hubo violencia: amarraron a una persona a la que acusaron de infiltrada.

Los estudiantes de la Universidad de Panamá tampoco se quedaron quietos. Miembros de los grupos estudiantiles FER 29, el Bloque Popular Universitario, el Movimiento Juventud Patria, entre otros grupos, cerraron la avenida Manuel Espinosa Batista. “¡Abajo la reforma minera!”, gritaban.

Los estudiantes mantuvieron la vía cerrada por espacio de una hora. Luego se retiraron con la advertencia de que continuarán con las acciones de cierre.

VIGILIA EN LA CIUDAD

En la tarde, diversos sectores (obreros, estudiantes y dirigentes de organizaciones civiles) realizaron una concentración en la Iglesia del Carmen y una caminata por la vía Federico Boyd como apoyo a los indígenas para que se derogue la Ley 8.

En la actividad participaron Carlos Lee, de la Asamblea Ciudadana pro Justicia; la ex procuradora Ana Matilde Gómez; el catedrático Miguel Antonio Bernal; el médico Mauro Zúñiga; el internacionalista Julio Yao; y la dirigente Nelva Reyes, entre otras personalidades.

El grupo, además de realizar una vigilia, cerró la Vía España por breves minutos.

Carlos Lee comentó que la actividad tenía como objetivo hacer un llamado al Gobierno para que derogue la reforma “porque lesiona la soberanía nacional al permitir la inversión de Estados extranjeros en las actividades mineras”.

Indicó que después de la derogación se debe iniciar un diálogo profundo sobre el tema, en el que se tomen en cuenta las diversas posiciones al respecto.

Con relación a la llamada del presidente Martinelli a su homólogo surcoreano Lee Myung-bak, el dirigente de la sociedad civil dijo que deja en evidencia que las cosas en Panamá “se mueven por otros intereses a espaldas de los intereses del pueblo, sin debatir los temas internamente” (vea nota relacionada).

Por su parte, la ex procuradora Ana Matilde Gómez sostuvo que si lo que reflejan los cables noticiosos es cierto, es triste para la dignidad y soberanía panameña “porque los ciudadanos se sienten burlados y vulnerados en sus derechos soberanos”.

Dijo que rechaza la forma como se aprobó la ley, porque no se respetaron las reglas de la democracia.

BOCAS DEL TORO

En Bocas del Toro, los indígenas también cerraron la carretera de Chiriquí Grande a Almirante a la altura de la comunidad de Pueblo Nuevo, en solidaridad con los manifestantes de San Félix. Portaron pancartas en contra de las reformas al código.

Pedro Ábrego, dirigente de los pueblos indígenas de Bocas, exigió la derogación de la Ley 8 y aseguró que se mantendrán en la lucha hasta que Martinelli firme la derogación.

El cierre provocó un tranque vehicular desde las 11:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. La medida afectó tanto a transportistas de carga como a pasajeros que viajan desde la provincia de Bocas del Toro hacia la provincia de Chiriquí, y viceversa.

VERAGUAS SE MANIFIESTA

Campesinos, indígenas y educadores de la provincia de Veraguas y de la comarca Ngäbe Buglé también participaron de las jornadas de protestas simultáneas. Cerraron varios puntos de la vía Interamericana.

Los cierres de la vía se mantuvieron desde las 12:30 p.m. hasta las 7:00 p.m. en los sectores de río Viguí, Ojo de Agua y río Cobre, en donde los nativos impidieron el paso vehicular y bailaron sobre los dos paños danzas tradicionales, como la “chichería”.

El tranque afectó principalmente al transporte de carga, de pasajeros y turistas que se movilizaban desde la ciudad de Panamá hacia Centroamérica, y viceversa.

La nota característica de estas protestas fue la poca presencia policial en los tres puntos, en donde escasamente había algunos autos patrulla con agentes de la Policía Nacional que vigilaban de lejos las manifestaciones.

En el puente sobre el río Viguí se concentró la mayor cantidad de manifestantes, que superó las mil personas, y en donde quemaron llantas, banderas de los partidos Cambio Democrático y Unión Patriótica, y colocaron barricadas sobre la vía Interamericana.

(Con información de Yaritza Mojica, Flor Bocharel, Sandra Alicia Rivera, Pedro Rodríguez, Isidro Rodríguez, Eduardo Mendoza y Víctor Eliseo Rodríguez)

COREA, LISTA PARA INVERTIR EN MINERA pANAMÁ

El gobierno de Ricardo Martinelli manifestó en reiteradas ocasiones que las reformas al Código de Recursos Minerales no se hacían para beneficiar ni desarrollar un proyecto en particular.

Sin embargo, tras cuatro días de haberse aprobado en la Asamblea Nacional los cambios al código, Martinelli se comunicó vía telefónica con el mandatario de la república de Corea, Lee Myung-bak, para informarle que las reformas eran una realidad.

Con las modificaciones quedó abierta la puerta para que los Estados extranjeros participen en el financiamiento o en la operación de explotación minera, algo que era de sumo interés para el Gobierno coreano, tal como lo planteó su Presidente durante una visita a Panamá en junio de 2010.

Lee Myung-bak espera que las compañías surcoreanas puedan aumentar su participación en Panamá, según informó ayer la agencia EFE; mientras que la embajada del país asiático en Panamá reveló que hay propuestas en firme para proyectos mineros.

Doo Jungsoo, embajador de Corea en Panamá, confirmó que hay empresas públicas y privadas interesadas en invertir en minería en el país.

Mencionó la estatal Corporación de Recursos Naturales (Kores) y la empresa de capital privado LS Nikko Copper, que firmó un acuerdo para comprar el 20% de las acciones de Cobre Panamá, proyecto de Minera Panamá ubicado en Donoso, Colón, y que tiene un área de concesión de 13 mil hectáreas.

Doo Jungsoo detalló que el Gobierno coreano solicitó modificar la legislación, enfocado en invertir en el proyecto de Minera Panamá, pero descartó el interés en otros yacimientos.

Negó que empresas coreanas deseen extraer metales del yacimiento de cerro Colorado, ubicado en la comarca Ngäbe Buglé, y que ha generado gran polémica. Aunque el presidente Lee Myung-bak expresó en 2010 su interés en los recursos minerales locales, mencionando el potencial del proyecto de cobre en Donoso y en cerro Colorado en la comarca Ngäbe Buglé.

“Panamá tiene un gran potencial económico porque cuenta con abundantes recursos minerales, incluyendo el cobre. Entiendo que el país está trabajando diligentemente para desarrollar las minas Cobre Panamá y Cerro Colorado”, expresó Lee Myung-bak en una entrevista publicada por este diario el 28 de junio de 2010.

El encuentro de ambos mandatarios, el año pasado, fue en la capital panameña durante la cumbre de jefes de Estado del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), la primera visita de un presidente surcoreano a Panamá, con una agenda para promover las inversiones y afianzar la relación bilateral.

Posteriormente, en el mes de octubre, Martinelli se convirtió en el primer mandatario en visitar oficialmente Corea del Sur desde 1962, cuando los dos países establecieron relaciones diplomáticas formales.

En ambos encuentros, además de la cooperación gubernamental que se prometieron ambos presidentes, conversaron respecto a la relación comercial que se podía incrementar entre las empresas públicas o privadas de las dos naciones.

La primera vez que Martinelli se refirió al cambio de la legislación minera fue en el foro de inversionistas internacionales, en octubre de 2010, realizado en Panamá.

En aquella ocasión expresó en su discurso: “el embajador coreano me decía que el Presidente de Corea viene a Panamá y quiere que cambiemos la ley para que los gobiernos puedan ser accionistas de una empresa minera. Aquí en Panamá hay una gran oportunidad en minería, y quién sabe si estamos sentados sobre los mayores yacimientos de cobre, después de Chile”.

A juicio de Francisco Sánchez Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Democrático, el contacto telefónico de Martinelli con Lee “confirma la venta a pedazos de territorio panameño”.

El colectivo político opositor dijo, en un comunicado, que el beneplácito expresado por el Presidente surcoreano ante la aprobación de las reformas al Código Minero, “le quita la máscara a Ricardo Martinelli en el tema minero”.

Panamá y Corea del Sur también estiman negociar un tratado de libre comercio (TLC), lo que, según Sánchez Cárdenas, es otro de los frentes negociados en el tema minero. “Esto fue una negociación burda, para decirlo en buen panameño: me das las minas y yo te doy apoyo en infraestructuras y la firma de un TLC, y se deja muy mal la investidura de un Presidente que no va a buscar desarrollo para el país, sino a buscar negocios para su conveniencia”.

Mary Triny Zea

Gobierno y PNUD presentan política integral de seguridad

San José, 14 feb (EFE).- La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, anunció hoy un nuevo plan para mejorar la seguridad ciudadana en el país en un plazo de diez años y que por primera vez integra y propone acciones para los tres poderes de la República.

El plan, denominado “Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social para Costa Rica (Polsepaz)”, fue realizado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Chinchilla hizo el anuncio de este nuevo programa en compañía del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora y del presidente del Congreso, Luis Gerardo Villanueva.

“La iniciativa propone, entre otras medidas concretas, la profesionalización urgente de la Fuerza Pública, el involucramiento activo de los gobiernos locales para detener el crimen y la violencia, mecanismos para el control de la corrupción, la intervención efectiva frente a la violencia contra las mujeres, así como la aplicación de acciones inmediatas para lograr la permanencia y regreso de jóvenes al sistema educativo”, dijo la mandataria.

Para llevar a cabo las propuestas, las comisiones de seguridad del Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y la comisión de Asuntos Penales del Poder Judicial trabajarán unidas, detalló.

Otras de las acciones contenidas en Polsepaz son la mejor capacitación policial, la ampliación de la capacidad carcelaria del país, un programa de intervención en comunidades en riesgo mediante acciones policiales y preventivas, y el combate al crimen organizado.

Según Chinchilla, “las acciones correctivas aisladas y puntuales contra la delincuencia han probado ser insuficientes y en algunos casos hasta contraproducentes”, por lo que esta vez el Gobierno se ha inclinado por una política de seguridad de largo plazo.

El plan establece también como ejes fundamentales la creación de espacios para fortalecer una cultura de paz y la atención efectiva y restauración de víctimas de la violencia.

Además, aboga por la participación de los gobiernos locales, el fortalecimiento de los controles contra la corrupción y el mejoramiento de la atención a las personas adictas a las drogas.

Chinchilla destacó que algunas de las medidas de Polsepaz ya se están desarrollando, como la incorporación de más de 1.000 policías, la atención a comunidades en situación de riesgo y el inicio de la construcción de la sede de la Academia Nacional de Policía.

La mandataria reiteró que, sin embargo, para sacar adelante el plan completo son indispensables recursos frescos, por lo que abogó una vez más para que el Congreso apruebe una reforma fiscal que se discute en este momento.

euronews publica los teletipos de EFE, pero no interviene en los artículos publicados.

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La política (en PDF) está disponible en: http://www.pnud.or.cr/images/stories/POLSEPAZ_COSTA_RICA.pdf


quinta-feira, 10 de fevereiro de 2011

Anuario 2010 de la Seguridad Regional en América Latina y el Caribe

El Programa de Cooperación en Seguridad Regional de la Fundación Friedrich Ebert presenta su Anuario de la Seguridad Regional para 2010, en el que contribuyen reconocidos expertos de toda la región. Igual que en su primera versión en 2009, el Anuario contiene artículos específicos por país, en su mayoría hechos por los coordinadores de los grupos de trabajo nacionales que existen en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, América Central y el Caribe. Además, incluye análisis sobre las dinámicas del crimen organizado en la región y sobre los desafíos que ellas plantean a la gobernabilidad democrática de nuestros países.

quarta-feira, 9 de fevereiro de 2011

Sacacoyo venció la violencia con plan ciudadano

P12SacacoyoEl programa ha llevado desarrollo local sostenible. Las familias trabajan con lo que aprendieron en talleres vocacionales.

Juan Carlos Vásquez

Diario El Mundo

Después de figurar entre los municipios más violentos, Sacacoyo, en el departamento de La Libertad, salió de esa lista negra y se ha convertido en un modelo a seguir. De ocho homicidios mensuales que registraba, la cifra se ha reducido a uno.

El alcalde de la localidad, Pedro Montoya, aseguró que la clave ha sido la inversión en infraestructura pública, pero más primordial ha resultado la convivencia ciudadana.

Se han desarrollado eventos deportivos, talleres vocacionales, así como la recuperación de espacios que se habían convertido en peligrosos para los vecinos.

Todas estas actividades han impactado en la comunidad: “el aspecto de la convivencia verdaderamente fue un factor importantísimo en este proyecto de prevención de violencia. Hubo actividades de diferente índole”, sostuvo Montoya.

En el 2008, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) comenzó a financiar el novedoso proyecto ejecutado por la alcaldía y el Ministerio de Justicia y Seguridad.

Las dos últimas entidades incorporaron a los vecinos para que fueran los protagonistas de las actividades. Al tener inmersa a la población, se evitó que siguieran cayendo en el círculo de la delincuencia y lejos de eso trabajan junto a las autoridades en la prevención de la violencia.

Para el alcalde municipal de Sacacoyo, aunque oficialmente el proyecto ha finalizado con resultados de un 95% de reducción de violencia, ahora viene una segunda etapa la cual consiste en darle continuidad para evitar que el municipio caiga de nuevo en garras de la delincuencia.

El edil considera que hay mucho por hacer, porque no solo debe quedarse con ese sistema de convivencia ciudadana sino que debe de dársele continuidad para que la gente ponga en práctica lo que ha aprendido en los diversos talleres.

En Sacacoyo se construyó el parque recreativo La Ceiba, en el cantón Buena Vista y en la zona del cantón Ateos, que es la zona más problemática del municipio, se instalaron paradas de buses y se trabaja en la construcción del Centro de Convivencia Infanto Juvenil.

Para tener vigiladas las zonas de mayor incidencia delincuencial se instalarán videocámaras en puntos que han sido perfilados a través del observatorio interinstitucional sobre seguridad ciudadana que está funcionando en la alcaldía municipal.

El observatorio fue debidamente equipado y es el que se encarga de suministrar los datos a las diversas instituciones para que se tomen decisiones en materia de prevención.

Constantemente hay una consultoría de planes de patrullaje y la fiscalización de las armas. Además se han reforzado los controles vehiculares y registros a sospechosos para sacar de circulación armas ilegales que han sido utilizadas para delinquir.

Datos del municipio

El municipio de Sacacoyo se encuentra en el departamento de La Libertad, a una altitud de 670 metros sobre el nivel del mar, a 21 kilómetros al oeste de Nueva San Salvador y 36 kilómetros de San Salvador, está ubicado en un valle sobre la cadena de la Cordillera del Bálsamo. Para su administración el municipio se divide en tres cantones, nueve caseríos, 14 colonias, 11 lotificaciones, dos asentamientos humanos y tres barrios.

Sacacoyo, cuenta con una población mayoritariamente concentrada en la zona urbana con un 80% y solamente el 20% se reporta de la zona rural.

8.3% El año pasado hubo una reducción general del 8.3% de los delitos en comparación al 2009.

37 En el 2010 hubo 37 homicidios. En comparación al año 2009 hubo tres casos menos.


Pedro Montoya, alcalde de Sacacoyo “Dimos apoyo al desarrollo local de las familias”

P12Pedro-Montoya

Juan Carlos Vásquez

Diario El Mundo

Para el alcalde de Sacacoyo, el proyecto de prevención de la violencia impulsado desde el 2008 llegó a darle una nueva imagen a su municipio. Llevó tranquilidad y también desarrollo a las comunidades.

¿Cuáles son los resultados obtenidos con el proyecto de prevención de violencia?

El programa ha tenido efectos muy positivos. Definitivamente nosotros para ser sinceros veníamos con un índice de homicidios bastante alto y a raíz de la implementación del programa en el municipio ha habido una disminución muy grande.

¿Qué tanto es la reducción de los homicidios?

Puedo garantizar que hemos bajado quizás, más de un 95% a raíz de la implementación de este proyecto porque en realidad no solo fue la creación de infraestructura o de espacios públicos sino que también de convivencia.

¿En que se basó esa convivencia?

Lo de la convivencia consiste en que se desarrollaron eventos deportivos de convivencia, se efectuaron talleres vocacionales relacionados a piñatería, pastelería, comida típica, talleres de mecánica automotriz, alumbrados públicos en sectores que ofrecían riesgo para las mujeres, un proyecto de las paradas de buses.

¿El proyecto generó ingresos a la comunidad?

Yo creo que también fue como una forma de darle, digamos, un apoyo al desarrollo local sostenible porque las familias, de alguna manera, con lo que aprendieron se han quedado trabajando para ir ganando para su sustento.

terça-feira, 8 de fevereiro de 2011

Gobierno panameño impulsa polémica reforma minera

Enfrentando el rechazo de ambientalistas y sectores indígenas, el gobierno del presidente Ricardo Martinelli impulsa una reforma al antiguo código minero para permitir que estados extranjeros financien inversiones del ramo en Panamá.

El gobierno sostiene que las modificaciones buscan facilitar el acceso a capitales o fuentes de financiamiento, incrementar las regalías percibidas por las concesiones e introducir normas ambientales a una legislación que data de 1963.

El tema ha encendido alarmas entre organizaciones ambientalistas que advierten sobre los daños que puede traer la explotación minera a cielo abierto. Critican además que el gobierno no haya sometido el tema a una consulta antes de elaborar por su cuenta las reformas.

El ambientalista Félix Wing afirmó que lo que se pretende es “abrir el sector minero a la inversión sin ningún tipo de consideración”.

El debate cobra vigor en un país que se precia de una pujante economía, históricamente fundamentada en el sector de servicios, pero con cerca del 35% de la población sumida en la pobreza. Y en que el aporte de la minería a la economía local han sido poco y fugaz.

Los ingresos fiscales, con la reforma propuesta, se van a multiplicar porque las regalías actuales de un 2% van a pasar a por lo menos un 4% y hasta 8%, según el mineral explotado.

El director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá Zorel Morales señaló que estudios han estimado que Panamá cuenta con tres enormes yacimientos de cobre, que en conjunto tienen capacidad para exportar unas 600.000 toneladas de ese metal anualmente. Dos de esos yacimientos están ubicados en la comarca Ng„be-Buglé, el más numeroso pueblo indígena del país, el tercero en la caribeña provincia de Colón.

“Los metales que están allí que son cobre y oro tiene un valor de casi 200.000 millones de dólares al precio actual... son recursos de todos los panameños, que deben ser aprovechados”, dijo Morales a la AP.

Morales respalda las reformas al código y asegura que una minería responsable puede impulsar el desarrollo económico y social de las comunidades.

Pero dirigentes indígenas y campesinos no creen que la minería traiga progreso sino estragos ambientales y han advertido al gobierno que defenderán sus tierras. Han escenificado protestas pacíficas en el interior del país y otros en la Asamblea Nacional. También hay indígenas y campesinos que respaldan las reformas. “Es muy cierto que se van a talar árboles, pero estamos creando comités que velarán para que se cumpla con los informes y compromiso” con las comunidades, dijo Andrea Mejía residente de Gobea, en Colón, quien reveló que se organizan porque una empresa minera que pretende explotar un yacimiento cercano les está ofreciendo becas escolares y ayuda alimentaria. Las reformas al Código de Recursos Mineros de Panamá deben pasar tres rondas de discusión en el legislativo antes de convertirse en ley. Ya fueron aprobadas en un primer debate sin mayor dificultad por la Comisión de Comercio e Industrias de la Asamblea Nacional, controlada por una alianza de partido oficialistas.

El pleno legislativo escuchó el jueves informes de diputados que se oponen a la iniciativa y también planteamientos a favor y determinó posponer para el lunes el inicio del segundo debate.

Un pronunciamiento conjunto de casi medio centenar de organizaciones ambientales y de la sociedad civil propugnó por una moratoria en el tema minero y pidió que se suspendiera al menos un año el debate, con tal de que se entablen discusiones que transparenten la reforma y que reciban diferentes aportes técnicos, científicos y de las propias comunidades.

El texto de los activistas señala que los cambios propuestos atentan contra la “seguridad ambiental y la soberanía de Panamá” al permitir que estados extranjeros puedan adquirir acciones o participar como entes financistas en las empresas que quieran explotar la minería en Panamá.

Panamá: indígenas protestan contra ley de minería

La policía panameña dispersó con gases varios focos de protestas indígenas que se presentaron el lunes en contra de las reformas a la legislación minera que impulsa el gobierno.

Los indígenas se concentraron en el poblado de San Félix, ubicado en la provincia de Chiriquí a unos 400 kilómetros al oeste de la capital y cercano a un tramo de la carretera Panamericana. Para llegar, algunos realizaron largas caminatas desde comunidades montañosas en la comarca Ngobe-Buglé, en el occidente del país.

"La policía tiró bombas (lacrimógenas) y gas pimientas a más de 1.000 indígenas que bajaron de las montañas", relató a la AP Rufina Venado, una dirigente comunitaria de la comarca.

Hubo otros dos focos de protestas en Chiriquí, uno de ellos en la localidad de Viggi, dijo Venado.

Los indígenas se oponen a la reforma minera que permitiría a gobiernos extranjeros financiar inversiones mineras en Panamá.

Imágenes de la televisión local mostraron un cordón de decenas de policías sobre la carretera Panamericana, así como nubes de humo y escenas del momento en que varios indígenas eran sujetados con esposas.

Un comunicado de la Policía Nacional detalló que unidades "despejaron la vía Panamericana, luego que un aproximado de 1.500 indígenas, llevando trozos de madera y piedra, procedieran a cerrarla en horas de la tarde del lunes, específicamente en el cruce de San Félix".

Agregó que los agentes retuvieron a 19 personas bajo investigación y que luego fueron liberados.

Las autoridades desmintieron versiones del fallecimiento de una menor debido a la inhalación de los gases a través de un comunicado donde se establece que "la menor... de 9 años de edad, inicialmente resultó afectada por inhalación de los gases lacrimógenos, (pero) fue atendida en el Hospital Regional de San Félix".

El boletín indicó que en ese centro médico "el Dr. Ivano Díaz confirmó que la menor está estable e ingiriendo sus alimentos de forma normal bajo el cuidado de enfermeras".

En los predios de la Asamblea Nacional, donde el lunes inició el segundo debate sobre las reformas al Código de Recursos Minerales, un centenar de universitarios ecologistas protestaron advirtiendo sobre daños al entorno ambiental.

El gobierno sostiene que las reformas buscan facilitar el acceso a capitales o fuentes de financiamiento, incrementar las regalías percibidas por las concesiones e introducir normas ambientales a una legislación que data de 1963.

"El desarrollo de los pueblos indígenas se pueden conseguir por medio de la educación, es obligación del Estado ofrecer los servicios básicos a los pueblos, no se necesita de la explotación de una mina para el desarrollo", dijo Yanelis Venado, una indígena Ngobe-Buglé que protestaba frente a la Asamblea.

Protestas contra minería en Panamá alientan temor a estallido social

PANAMÁ — Los enfrentamientos entre policía e indígenas panameños opuestos a la reforma del código minero alimentan el temor a un estallido social si el Congreso aprueba el proyecto del presidente Ricardo Martinelli, que busca impulsar la inversión extranjera y es rechazado por estudiantes y ecologistas.

Las protestas se multiplican y aumentan en beligerancia, como los enfrentamientos del lunes entre policías y centenares de indígenas en San Félix (suroeste) que terminó con 19 detenidos y una docena de heridos, entre ellos niños, por balas de goma e inhalación de gases lacrimógenos.

"No se va a hacer nada que tenga que ver con destruir el ambiente y los ríos, lo único que se está buscando es que el Estado tenga más recursos", dijo este martes Martinelli al canal Telemetro, al justificar el proyecto que busca incentivar la inversión extranjera en el sector.

"El gobierno de Ricardo Martinelli no entiende que las cosas se tienen que consultar y que las leyes no se pueden pasar por encima de la población", dijo a la AFP el líder opositor Mitchel Doens, del Partido Revolucionario Democrático (PRD, socialdemócrata).

El ejecutivo presentó en el Congreso, de mayoría oficialista, una propuesta de reforma a un código minero de 1963 para atraer inversión de multinacionales, principalmente de Corea del Sur, Singapur y Canadá, que ya mostraron interés por el negocio en Panamá.

Sus defensores alegan que la minería podría convertirse en la segunda fuente de ingresos del Estado, detrás del canal de Panamá, que aporta cerca de 800 millones de dólares anuales al fisco.

Además, se duplicarían las regalías y aumentarían las multas por contaminación y las compañías beneficiarias invertirían en obras sociales en comunidades de extrema pobreza donde la mano del Estado a veces no llega.

Esos argumentos no convencen a amplios sectores sociales, que temen un estallido de la violencia como el desatado en julio en Changuinola (noroeste) contra las reformas al código de trabajo, donde al menos dos personas murieron y centenares resultaron heridos.

"La reivindicación de nosotros es defender nuestros territorios de la minería hasta las últimas consecuencias", advirtió Pedro Rodríguez, presidente de la Comarca Indígena Ngöbe-Buglé.

"Lo que más nos preocupa es que se repitan hechos violentos con detenidos y muertos como en Changuinola", dijo a la AFP el dirigente del opositor Partido Popular (democristiano), Anibal Culiolis.

"El gobierno tiene la receta perfecta para cocinar lo de Changuinola y está utilizando los mismos ingredientes: la indiferencia y la represión", sostuvo por su parte Raisa Banfield, de la Fundación Panamá Sostenible.

Según diversos sondeos y encuestas, la mayoría de panameños rechaza las reformas al código minero, al entender que una mayor actividad minera sería fatal para el medio ambiente y supondría la cesión de la riqueza de los territorios indígenas a compañías extranjeras.

Diversos grupos políticos, empresariales, estudiantiles e indígenas han pedido reiteradamente al gobierno una moratoria para la minería y un mayor debate que pueda acabar en un referéndum y bajar así la tensión en el país.

"Estos sectores de la mafiocracia que gobierna el país lo que les interesa es amarrar sus negocios y la venta de los recursos naturales y reprimir al pueblo panameño", dijo a la AFP el líder sindical Saúl Méndez.

Según grupos ambientalistas, 40% del territorio panameño está sometido a solicitudes de concesiones mineras.

"Si actualizamos el código que tiene 50 años todos ganamos y si no, la minería seguirá igual como hasta ahora, pero con menos aportes y menos controles y todos perderemos", dijo el ministro de comercio Roberto Henríquez, quien se recupera de un infarto que muchos han atribuído a la tensión por las discusiones mineras.

segunda-feira, 7 de fevereiro de 2011