quarta-feira, 16 de fevereiro de 2011

Gobierno y PNUD presentan política integral de seguridad

San José, 14 feb (EFE).- La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, anunció hoy un nuevo plan para mejorar la seguridad ciudadana en el país en un plazo de diez años y que por primera vez integra y propone acciones para los tres poderes de la República.

El plan, denominado “Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social para Costa Rica (Polsepaz)”, fue realizado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Chinchilla hizo el anuncio de este nuevo programa en compañía del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora y del presidente del Congreso, Luis Gerardo Villanueva.

“La iniciativa propone, entre otras medidas concretas, la profesionalización urgente de la Fuerza Pública, el involucramiento activo de los gobiernos locales para detener el crimen y la violencia, mecanismos para el control de la corrupción, la intervención efectiva frente a la violencia contra las mujeres, así como la aplicación de acciones inmediatas para lograr la permanencia y regreso de jóvenes al sistema educativo”, dijo la mandataria.

Para llevar a cabo las propuestas, las comisiones de seguridad del Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y la comisión de Asuntos Penales del Poder Judicial trabajarán unidas, detalló.

Otras de las acciones contenidas en Polsepaz son la mejor capacitación policial, la ampliación de la capacidad carcelaria del país, un programa de intervención en comunidades en riesgo mediante acciones policiales y preventivas, y el combate al crimen organizado.

Según Chinchilla, “las acciones correctivas aisladas y puntuales contra la delincuencia han probado ser insuficientes y en algunos casos hasta contraproducentes”, por lo que esta vez el Gobierno se ha inclinado por una política de seguridad de largo plazo.

El plan establece también como ejes fundamentales la creación de espacios para fortalecer una cultura de paz y la atención efectiva y restauración de víctimas de la violencia.

Además, aboga por la participación de los gobiernos locales, el fortalecimiento de los controles contra la corrupción y el mejoramiento de la atención a las personas adictas a las drogas.

Chinchilla destacó que algunas de las medidas de Polsepaz ya se están desarrollando, como la incorporación de más de 1.000 policías, la atención a comunidades en situación de riesgo y el inicio de la construcción de la sede de la Academia Nacional de Policía.

La mandataria reiteró que, sin embargo, para sacar adelante el plan completo son indispensables recursos frescos, por lo que abogó una vez más para que el Congreso apruebe una reforma fiscal que se discute en este momento.

euronews publica los teletipos de EFE, pero no interviene en los artículos publicados.

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La política (en PDF) está disponible en: http://www.pnud.or.cr/images/stories/POLSEPAZ_COSTA_RICA.pdf


quinta-feira, 10 de fevereiro de 2011

Anuario 2010 de la Seguridad Regional en América Latina y el Caribe

El Programa de Cooperación en Seguridad Regional de la Fundación Friedrich Ebert presenta su Anuario de la Seguridad Regional para 2010, en el que contribuyen reconocidos expertos de toda la región. Igual que en su primera versión en 2009, el Anuario contiene artículos específicos por país, en su mayoría hechos por los coordinadores de los grupos de trabajo nacionales que existen en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, América Central y el Caribe. Además, incluye análisis sobre las dinámicas del crimen organizado en la región y sobre los desafíos que ellas plantean a la gobernabilidad democrática de nuestros países.

quarta-feira, 9 de fevereiro de 2011

Sacacoyo venció la violencia con plan ciudadano

P12SacacoyoEl programa ha llevado desarrollo local sostenible. Las familias trabajan con lo que aprendieron en talleres vocacionales.

Juan Carlos Vásquez

Diario El Mundo

Después de figurar entre los municipios más violentos, Sacacoyo, en el departamento de La Libertad, salió de esa lista negra y se ha convertido en un modelo a seguir. De ocho homicidios mensuales que registraba, la cifra se ha reducido a uno.

El alcalde de la localidad, Pedro Montoya, aseguró que la clave ha sido la inversión en infraestructura pública, pero más primordial ha resultado la convivencia ciudadana.

Se han desarrollado eventos deportivos, talleres vocacionales, así como la recuperación de espacios que se habían convertido en peligrosos para los vecinos.

Todas estas actividades han impactado en la comunidad: “el aspecto de la convivencia verdaderamente fue un factor importantísimo en este proyecto de prevención de violencia. Hubo actividades de diferente índole”, sostuvo Montoya.

En el 2008, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) comenzó a financiar el novedoso proyecto ejecutado por la alcaldía y el Ministerio de Justicia y Seguridad.

Las dos últimas entidades incorporaron a los vecinos para que fueran los protagonistas de las actividades. Al tener inmersa a la población, se evitó que siguieran cayendo en el círculo de la delincuencia y lejos de eso trabajan junto a las autoridades en la prevención de la violencia.

Para el alcalde municipal de Sacacoyo, aunque oficialmente el proyecto ha finalizado con resultados de un 95% de reducción de violencia, ahora viene una segunda etapa la cual consiste en darle continuidad para evitar que el municipio caiga de nuevo en garras de la delincuencia.

El edil considera que hay mucho por hacer, porque no solo debe quedarse con ese sistema de convivencia ciudadana sino que debe de dársele continuidad para que la gente ponga en práctica lo que ha aprendido en los diversos talleres.

En Sacacoyo se construyó el parque recreativo La Ceiba, en el cantón Buena Vista y en la zona del cantón Ateos, que es la zona más problemática del municipio, se instalaron paradas de buses y se trabaja en la construcción del Centro de Convivencia Infanto Juvenil.

Para tener vigiladas las zonas de mayor incidencia delincuencial se instalarán videocámaras en puntos que han sido perfilados a través del observatorio interinstitucional sobre seguridad ciudadana que está funcionando en la alcaldía municipal.

El observatorio fue debidamente equipado y es el que se encarga de suministrar los datos a las diversas instituciones para que se tomen decisiones en materia de prevención.

Constantemente hay una consultoría de planes de patrullaje y la fiscalización de las armas. Además se han reforzado los controles vehiculares y registros a sospechosos para sacar de circulación armas ilegales que han sido utilizadas para delinquir.

Datos del municipio

El municipio de Sacacoyo se encuentra en el departamento de La Libertad, a una altitud de 670 metros sobre el nivel del mar, a 21 kilómetros al oeste de Nueva San Salvador y 36 kilómetros de San Salvador, está ubicado en un valle sobre la cadena de la Cordillera del Bálsamo. Para su administración el municipio se divide en tres cantones, nueve caseríos, 14 colonias, 11 lotificaciones, dos asentamientos humanos y tres barrios.

Sacacoyo, cuenta con una población mayoritariamente concentrada en la zona urbana con un 80% y solamente el 20% se reporta de la zona rural.

8.3% El año pasado hubo una reducción general del 8.3% de los delitos en comparación al 2009.

37 En el 2010 hubo 37 homicidios. En comparación al año 2009 hubo tres casos menos.


Pedro Montoya, alcalde de Sacacoyo “Dimos apoyo al desarrollo local de las familias”

P12Pedro-Montoya

Juan Carlos Vásquez

Diario El Mundo

Para el alcalde de Sacacoyo, el proyecto de prevención de la violencia impulsado desde el 2008 llegó a darle una nueva imagen a su municipio. Llevó tranquilidad y también desarrollo a las comunidades.

¿Cuáles son los resultados obtenidos con el proyecto de prevención de violencia?

El programa ha tenido efectos muy positivos. Definitivamente nosotros para ser sinceros veníamos con un índice de homicidios bastante alto y a raíz de la implementación del programa en el municipio ha habido una disminución muy grande.

¿Qué tanto es la reducción de los homicidios?

Puedo garantizar que hemos bajado quizás, más de un 95% a raíz de la implementación de este proyecto porque en realidad no solo fue la creación de infraestructura o de espacios públicos sino que también de convivencia.

¿En que se basó esa convivencia?

Lo de la convivencia consiste en que se desarrollaron eventos deportivos de convivencia, se efectuaron talleres vocacionales relacionados a piñatería, pastelería, comida típica, talleres de mecánica automotriz, alumbrados públicos en sectores que ofrecían riesgo para las mujeres, un proyecto de las paradas de buses.

¿El proyecto generó ingresos a la comunidad?

Yo creo que también fue como una forma de darle, digamos, un apoyo al desarrollo local sostenible porque las familias, de alguna manera, con lo que aprendieron se han quedado trabajando para ir ganando para su sustento.

terça-feira, 8 de fevereiro de 2011

Gobierno panameño impulsa polémica reforma minera

Enfrentando el rechazo de ambientalistas y sectores indígenas, el gobierno del presidente Ricardo Martinelli impulsa una reforma al antiguo código minero para permitir que estados extranjeros financien inversiones del ramo en Panamá.

El gobierno sostiene que las modificaciones buscan facilitar el acceso a capitales o fuentes de financiamiento, incrementar las regalías percibidas por las concesiones e introducir normas ambientales a una legislación que data de 1963.

El tema ha encendido alarmas entre organizaciones ambientalistas que advierten sobre los daños que puede traer la explotación minera a cielo abierto. Critican además que el gobierno no haya sometido el tema a una consulta antes de elaborar por su cuenta las reformas.

El ambientalista Félix Wing afirmó que lo que se pretende es “abrir el sector minero a la inversión sin ningún tipo de consideración”.

El debate cobra vigor en un país que se precia de una pujante economía, históricamente fundamentada en el sector de servicios, pero con cerca del 35% de la población sumida en la pobreza. Y en que el aporte de la minería a la economía local han sido poco y fugaz.

Los ingresos fiscales, con la reforma propuesta, se van a multiplicar porque las regalías actuales de un 2% van a pasar a por lo menos un 4% y hasta 8%, según el mineral explotado.

El director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá Zorel Morales señaló que estudios han estimado que Panamá cuenta con tres enormes yacimientos de cobre, que en conjunto tienen capacidad para exportar unas 600.000 toneladas de ese metal anualmente. Dos de esos yacimientos están ubicados en la comarca Ng„be-Buglé, el más numeroso pueblo indígena del país, el tercero en la caribeña provincia de Colón.

“Los metales que están allí que son cobre y oro tiene un valor de casi 200.000 millones de dólares al precio actual... son recursos de todos los panameños, que deben ser aprovechados”, dijo Morales a la AP.

Morales respalda las reformas al código y asegura que una minería responsable puede impulsar el desarrollo económico y social de las comunidades.

Pero dirigentes indígenas y campesinos no creen que la minería traiga progreso sino estragos ambientales y han advertido al gobierno que defenderán sus tierras. Han escenificado protestas pacíficas en el interior del país y otros en la Asamblea Nacional. También hay indígenas y campesinos que respaldan las reformas. “Es muy cierto que se van a talar árboles, pero estamos creando comités que velarán para que se cumpla con los informes y compromiso” con las comunidades, dijo Andrea Mejía residente de Gobea, en Colón, quien reveló que se organizan porque una empresa minera que pretende explotar un yacimiento cercano les está ofreciendo becas escolares y ayuda alimentaria. Las reformas al Código de Recursos Mineros de Panamá deben pasar tres rondas de discusión en el legislativo antes de convertirse en ley. Ya fueron aprobadas en un primer debate sin mayor dificultad por la Comisión de Comercio e Industrias de la Asamblea Nacional, controlada por una alianza de partido oficialistas.

El pleno legislativo escuchó el jueves informes de diputados que se oponen a la iniciativa y también planteamientos a favor y determinó posponer para el lunes el inicio del segundo debate.

Un pronunciamiento conjunto de casi medio centenar de organizaciones ambientales y de la sociedad civil propugnó por una moratoria en el tema minero y pidió que se suspendiera al menos un año el debate, con tal de que se entablen discusiones que transparenten la reforma y que reciban diferentes aportes técnicos, científicos y de las propias comunidades.

El texto de los activistas señala que los cambios propuestos atentan contra la “seguridad ambiental y la soberanía de Panamá” al permitir que estados extranjeros puedan adquirir acciones o participar como entes financistas en las empresas que quieran explotar la minería en Panamá.

Panamá: indígenas protestan contra ley de minería

La policía panameña dispersó con gases varios focos de protestas indígenas que se presentaron el lunes en contra de las reformas a la legislación minera que impulsa el gobierno.

Los indígenas se concentraron en el poblado de San Félix, ubicado en la provincia de Chiriquí a unos 400 kilómetros al oeste de la capital y cercano a un tramo de la carretera Panamericana. Para llegar, algunos realizaron largas caminatas desde comunidades montañosas en la comarca Ngobe-Buglé, en el occidente del país.

"La policía tiró bombas (lacrimógenas) y gas pimientas a más de 1.000 indígenas que bajaron de las montañas", relató a la AP Rufina Venado, una dirigente comunitaria de la comarca.

Hubo otros dos focos de protestas en Chiriquí, uno de ellos en la localidad de Viggi, dijo Venado.

Los indígenas se oponen a la reforma minera que permitiría a gobiernos extranjeros financiar inversiones mineras en Panamá.

Imágenes de la televisión local mostraron un cordón de decenas de policías sobre la carretera Panamericana, así como nubes de humo y escenas del momento en que varios indígenas eran sujetados con esposas.

Un comunicado de la Policía Nacional detalló que unidades "despejaron la vía Panamericana, luego que un aproximado de 1.500 indígenas, llevando trozos de madera y piedra, procedieran a cerrarla en horas de la tarde del lunes, específicamente en el cruce de San Félix".

Agregó que los agentes retuvieron a 19 personas bajo investigación y que luego fueron liberados.

Las autoridades desmintieron versiones del fallecimiento de una menor debido a la inhalación de los gases a través de un comunicado donde se establece que "la menor... de 9 años de edad, inicialmente resultó afectada por inhalación de los gases lacrimógenos, (pero) fue atendida en el Hospital Regional de San Félix".

El boletín indicó que en ese centro médico "el Dr. Ivano Díaz confirmó que la menor está estable e ingiriendo sus alimentos de forma normal bajo el cuidado de enfermeras".

En los predios de la Asamblea Nacional, donde el lunes inició el segundo debate sobre las reformas al Código de Recursos Minerales, un centenar de universitarios ecologistas protestaron advirtiendo sobre daños al entorno ambiental.

El gobierno sostiene que las reformas buscan facilitar el acceso a capitales o fuentes de financiamiento, incrementar las regalías percibidas por las concesiones e introducir normas ambientales a una legislación que data de 1963.

"El desarrollo de los pueblos indígenas se pueden conseguir por medio de la educación, es obligación del Estado ofrecer los servicios básicos a los pueblos, no se necesita de la explotación de una mina para el desarrollo", dijo Yanelis Venado, una indígena Ngobe-Buglé que protestaba frente a la Asamblea.

Protestas contra minería en Panamá alientan temor a estallido social

PANAMÁ — Los enfrentamientos entre policía e indígenas panameños opuestos a la reforma del código minero alimentan el temor a un estallido social si el Congreso aprueba el proyecto del presidente Ricardo Martinelli, que busca impulsar la inversión extranjera y es rechazado por estudiantes y ecologistas.

Las protestas se multiplican y aumentan en beligerancia, como los enfrentamientos del lunes entre policías y centenares de indígenas en San Félix (suroeste) que terminó con 19 detenidos y una docena de heridos, entre ellos niños, por balas de goma e inhalación de gases lacrimógenos.

"No se va a hacer nada que tenga que ver con destruir el ambiente y los ríos, lo único que se está buscando es que el Estado tenga más recursos", dijo este martes Martinelli al canal Telemetro, al justificar el proyecto que busca incentivar la inversión extranjera en el sector.

"El gobierno de Ricardo Martinelli no entiende que las cosas se tienen que consultar y que las leyes no se pueden pasar por encima de la población", dijo a la AFP el líder opositor Mitchel Doens, del Partido Revolucionario Democrático (PRD, socialdemócrata).

El ejecutivo presentó en el Congreso, de mayoría oficialista, una propuesta de reforma a un código minero de 1963 para atraer inversión de multinacionales, principalmente de Corea del Sur, Singapur y Canadá, que ya mostraron interés por el negocio en Panamá.

Sus defensores alegan que la minería podría convertirse en la segunda fuente de ingresos del Estado, detrás del canal de Panamá, que aporta cerca de 800 millones de dólares anuales al fisco.

Además, se duplicarían las regalías y aumentarían las multas por contaminación y las compañías beneficiarias invertirían en obras sociales en comunidades de extrema pobreza donde la mano del Estado a veces no llega.

Esos argumentos no convencen a amplios sectores sociales, que temen un estallido de la violencia como el desatado en julio en Changuinola (noroeste) contra las reformas al código de trabajo, donde al menos dos personas murieron y centenares resultaron heridos.

"La reivindicación de nosotros es defender nuestros territorios de la minería hasta las últimas consecuencias", advirtió Pedro Rodríguez, presidente de la Comarca Indígena Ngöbe-Buglé.

"Lo que más nos preocupa es que se repitan hechos violentos con detenidos y muertos como en Changuinola", dijo a la AFP el dirigente del opositor Partido Popular (democristiano), Anibal Culiolis.

"El gobierno tiene la receta perfecta para cocinar lo de Changuinola y está utilizando los mismos ingredientes: la indiferencia y la represión", sostuvo por su parte Raisa Banfield, de la Fundación Panamá Sostenible.

Según diversos sondeos y encuestas, la mayoría de panameños rechaza las reformas al código minero, al entender que una mayor actividad minera sería fatal para el medio ambiente y supondría la cesión de la riqueza de los territorios indígenas a compañías extranjeras.

Diversos grupos políticos, empresariales, estudiantiles e indígenas han pedido reiteradamente al gobierno una moratoria para la minería y un mayor debate que pueda acabar en un referéndum y bajar así la tensión en el país.

"Estos sectores de la mafiocracia que gobierna el país lo que les interesa es amarrar sus negocios y la venta de los recursos naturales y reprimir al pueblo panameño", dijo a la AFP el líder sindical Saúl Méndez.

Según grupos ambientalistas, 40% del territorio panameño está sometido a solicitudes de concesiones mineras.

"Si actualizamos el código que tiene 50 años todos ganamos y si no, la minería seguirá igual como hasta ahora, pero con menos aportes y menos controles y todos perderemos", dijo el ministro de comercio Roberto Henríquez, quien se recupera de un infarto que muchos han atribuído a la tensión por las discusiones mineras.