La inseguridad socava la credibilidad del Estado

Freddy Bernal se opuso a fijar plazo para aprobar la ley. El organismo propuso negar el porte de armamento militar a civiles. También sugirió revisar la edad para entregar el permiso. Actualmente es 21 años

Las fuerzas policiales incautaron las armas de los antisociales | Cortesía Diario El Tiempo

La violencia armada socava la credibilidad y la legitimidad de las instituciones públicas. Con esa afirmación inició su intervención Daniel Luz, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la tercera reunión de consulta para la elaboración de la ley desarme, convocada por la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional en la que también participaron representantes de la Comisión Presidencial para el Desarme.

Luz, asesor regional de Seguridad Ciudadana del PNUD, señaló que los estados que se desenvuelven en contextos de inseguridad personal enfrentan importantes obstáculos para la gobernabilidad democrática que van desde la convivencia ciudadana más elemental hasta afectar los indicadores económicos: "La violencia armada puede inhibir, por una parte, la actividad económica y comprometer los medios de sustento y, por la otra, la sensación de inseguridad y violencia puede generar condiciones de aceptación de medidas reactivas, antidemocráticas y no conformes a derecho".

Destacó el esfuerzo del Gobierno de Venezuela y de la oposición para enfrentar el problema, aunque enfatizó que las leyes, por sí solas, no lo resolverán. Luz recomendó cumplir una serie de pasos que permitan implantar medidas a corto, mediano y largo plazo, que incluyan en su diseño y formulación a todos los sectores involucrados.

Entre las propuestas traídas a la mesa de trabajo por el PNUD para ser incluidas en la ley, destacaron la prohibición de posesión de armas militares en la población civil; el marcaje de las armas y municiones de importación y exportación; la aplicación de estándares de seguridad a los almacenes gubernamentales de armas vinculadas con la comisión de delitos; el desarrollo de un registro unificado e informatizado de las armas legales, y el mejoramiento de los mecanismos de emisión de porte de armas.

Sobre el último punto, Luz consideró necesario negar o suspender el porte a personas con antecedentes de violencia doméstica; hacer revisiones periódicas sobre la vigencia del porte, y las condiciones físicas y mentales de la persona para utilizarlo; efectuar exámenes de manejo del armamento, y discutir sobre cuál debe ser la edad mínima para autorizar la posesión de armas. Citó como ejemplo el caso brasileño donde a partir de la reforma en esta materia impulsada en el año 2003, se fijó en 25 años. En Venezuela es 21 años.

El representante del PNUD exhortó a los asistentes a buscar las respuestas a una serie de preguntas indispensables para orientar adecuadamente el trabajo: "Muchas de las premisas socialmente aceptadas sobre el tema del desarme no tienen un sustento en la realidad. Es necesario desmitificar el tema y hacer un diagnóstico a partir de comprender por qué mueren las personas por arma de fuego, cuántos mueren, de dónde vienen las armas usadas para cometer los delitos, las armas con que se cometen son del Estado o de los civiles, cómo se comercializan en el mercado doméstico y en el mercado internacional".

Sin fecha. Aunque en marzo el presidente de la comisión mixta, Freddy Bernal, estimó que para finales de junio la norma estaría aprobada, ayer rectificó sus pronósticos y prefirió no fijar un plazo: "El problema no es cuando salga la ley, sino que permita atacar la inseguridad".

Bernal hizo referencia a la necesidad de complementar el instrumento con otras normas como la ley de justicia comunal establecida en la Ley de Comunas, en cuya elaboración, dijo, comenzó a trabajar la Dirección de Desarrollo Legislativo de la Asamblea Nacional.