El urgente desafío de la seguridad ciudadana en América Latina

Carlos Gutiérrez P.

miércoles, 04 de mayo de 2011

Acaba de realizarse en el marco de la OEA, el VIII Foro Hemisférico de la Sociedad Civil (desarrollado los días 25 y 26 de abril), que tuvo como temática central las materias de seguridad ciudadana, democracia y derechos humanos.

Más de 60 representantes de organizaciones sociales de la región americana concluyeron con importantes recomendaciones para lo que será la próxima Asamblea General de la OEA que se desarrollará entre los días 5 y 7 de junio bajo el rótulo de Seguridad ciudadana en las Américas, relevando la centralidad que se requiere para abordar una agenda que asuma los desafíos cada vez más angustiantes de la seguridad ciudadana en el marco del respeto de los derechos de las personas y la profundización de la democracia.

Muy categórico fue el discurso inaugural del Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Embajador Adam Blackwell, quien recordó que en el año 2010 más de 130.000 personas fueron asesinadas en las Américas, región en la que se cometen más de dos tercios de todos los secuestros del planeta y donde cada tres minutos ocurre un homicidio. "El crimen y la violencia matan en nuestra región a más gente que el SIDA o cualquier otra epidemia conocida, y destrozan más hogares que cualquier crisis económica que hayamos sufrido", fue una de sus afirmaciones más esclarecedoras de la dimensión e impacto de la violencia delictual. Añadió que "la situación ha llegado a tales extremos que hoy debemos reconocer que la falta de seguridad no sólo afecta directamente a la integridad física, la tranquilidad y el patrimonio de las personas, sino que constituye también una amenaza a la estabilidad, al fortalecimiento democrático, al estado de derecho y al desarrollo de todos los países de las Américas".

Fue una opinión unánime la evaluación en torno a que esta creciente dinámica delictual tiene profundas raíces en las desigualdades sociales, en un proceso de atracción y concentración urbana que reproduce segmentaciones económicas, sociales y culturales; en los indicadores duros de cesantía y desempleo juvenil, lo que ha significado que en las encuestas nacionales, las variables de inseguridad y delincuencia han pasado a ocupar el primer lugar de las preocupaciones ciudadanas y sobrepasado al tema del desempleo.

También fue muy relevante exponer una percepción común desde las organizaciones sociales relativas a ciertas decisiones que tienden a acentuar la óptica reactiva y represiva sobre una opción de prevención, rehabilitación y protagonismo de los actores sociales en la escala local, como sujetos de su propia estrategia de seguridad ciudadana.

Dentro del marco crítico, las organizaciones sociales se manifestaron contrarias a la política cortoplacista de empleo de las fuerzas armadas en el control y represión de la delincuencia y crimen organizado, así como al énfasis en la promoción de la "seguridad privada" que aparentemente otorgan empresas especializadas y que en algunos países no solo escapan a controles políticos y jurídicos, sino que también suelen ser más numerosas y mejor rentadas que las mismas fuerzas policiales, generando una competencia desigual con las estructuras institucionales del estado. Esta tendencia a la privatización de la seguridad ciudadana incluso ha sido adoptada por instancias de gobiernoslocales (como los municipios), que han generado estructuras de fuerzas propias que corren paralelas a las policías oficiales.

Por otro lado también es urgente dimensionar el impacto político de la inseguridad, que según Víctor Rico, Secretario de asuntos políticos de la OEA, tiene múltiples facetas. La primera de ellas tiene que ver con el gobierno y su rol, un aspecto en el que deben ser consideradas la adopción de medidas excepcionales y la pérdida de apoyo al gobierno como causa de insatisfacción. La segunda dimensión tiene que ver con la institucionalidad democrática, donde un bajo nivel de confianza en las instituciones y las tensiones entre los poderes públicos hacen que surja un rol protagónico de las fuerzas armadas, y que se produzca una pérdida de autonomía del poder judicial. La tercera dimensión tiene que ver con el estado de la democracia en algunos países, lo que incluye bajos niveles de satisfacción, alta tolerancia a la ruptura del orden legal, violaciones a los derechos humanos y la privatización de la seguridad.

La combinación de estos factores constituye lo que se denomina como el círculo de amenaza de la inseguridad pública para la democracia. Este conjunto de relaciones puede poner en riesgo los pilares de la gobernabilidad democrática, abriendo las puertas a posturas autoritarias, al desconocimiento de los mecanismos institucionales y a la emergencia de frentes políticos que basan su discurso y apoyo popular en la mano dura o el populismo punitivo, que tienen adscripciones y medidas efectistas, particularmente ante coyunturas electorales, pero que posterga las soluciones de fondo.

En estos debates se alertó que el mayor riesgo para la gobernabilidad democrática es la influencia del crimen organizado sobre territorios y comunidades en los cuales la presencia estatal es baja y las fracciones criminales pueden llegar a suplantarlo en algunas de sus funciones

Muy coincidente con la evaluación que ha hecho recientemente Antonio Luigi Mazzitelli, representante para México, Caribe y Centroamérica de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), para la situación de México en el sentido de que ésta no es resultado sólo de una mala estrategia oficial de lucha contra el crimen organizado, sino que confluyen otros factores como la descomposición social que no abona a una cultura de la legalidad y la cada vez más creciente diversificación de actividades y control de territorios por parte de las bandas criminales que operan en el país.

En esta dirección, aparece como una conclusión consensuada el esfuerzo en trabajar por un control territorial más preventivo que correctivo, para tratar de erradicar el problema antes de que se vuelva incontrolable. Y por lo tanto son las estructuras locales, municipales y estatales, junto a los actores sociales en esas mismas escalas, las que deben de garantizar en primera instancia el control territorial.

*Carlos Gutiérrez Palacios es Licenciado en Historia por la Universidad Católica de Chile,
director de la ONG Centro de Estudios Estratégicos, en Chile y magister en Ciencias Militares.

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