segunda-feira, 9 de maio de 2011

Sudamérica, donde más subió compra de armas

América del Sur fue en 2010 la región del mundo que más aumentó sus gastos militares en un año (+5,8), gastando 63.600 millones de dólares gracias a una buena salud económica, indicó un informe publicado por el Instituto Internacional de Investigación para la paz (SIPRI).



"Este aumento continuo en América del sur es sorprendente dada la ausencia dereal amenaza militar para la mayoría de los países de esta región y la existencia de necesidades sociales más urgentes", dijo la responsable de la división América latina del programa del SIPRI sobre los Gastos militares, Carina Solmirano.

Los gastos mundiales en armamento, encabezados por Estados Unidos, registraron en 2010 su más débil aumento anual (+1,3 por ciento) desde 2001, para totalizar 1,63 billones de dólares (1,14 billones de euros), según el informe.

En promedio, entre 2001 --fecha del primer estudio del SIPRI al respecto-- y 2009, los gastos militares mundiales aumentaron anualmente 5,1 por ciento, recalca el informe.

Estados Unidos disminuyó sus inversiones militares el año pasado, pero siguió siendo el principal comprador de armas.

Tras haber mantenido un aumento anual promedio de 7,4 por ciento entre 2001 y 2009, Estados Unidos aumentó sus gastos de armamento de 2,8 en 2010 con respecto al año precedente.

En valores, Washington gastó 19.600 millones de dólares más que en 2009, para un aumento mundial total de 20.600 millones en el mismo periodo.

En ritmo, la región del mundo que más aumentó sus gastos militares interanuales en 2010 (+5,8 por ciento) fue América del Sur que alcanzó los 63.300 millones de dólares gracias sobre todo a una buena salud económica, según el SIPRI.

"Estados Unidos aumentó sus gastos en 81 por ciento desde 2001 y estos representan ahora 43 por ciento del total mundial, o sea seis veces más" que China, subrayó en un comunicado el responsable del programa del SIPRI sobre los gastos militares, Sam Perlo-Freeman.

"Con 4,8 por cientp del PIB, la carga militar de Estados Unidos en 2010 es la más fuerte del mundo luego de la de Oriente Medio", añadió.

En Europa, la recesión económica condujo a los gobiernos a reducir los gastos militares en 2,8 por ciento en todo el continente, en particular en los países con economías más vulnerables de Europa central y del Este, así como en los países particularmente afectados por la crisis como Grecia, subrayó el SIPRI.

Asia tuvo un aumento de +1,4 por ciento a causa de la crisis económica.
El gobierno chino, por ejemplo, "explícitamente hizo el enlace entre el reducido crecimiento de sus gastos militares en 2010 y el logro económico más débil de China en 2009", agregó.

Oriente Medio gastó 111.000 millones de dólares en armas (+2,5) con Arabia Saudita como principal contribuyente regional.

En Africa, los grandes países productores de petróleo como Argelia, Angola y Nigeria aumentaron sus gastos en materia de armamento con un aumento promedio continental de 5,2 por ciento, según el estudio.

Creado en 1966, el SIPRI es un instituto internacional independiente con sede en Estocolmo, financiado en 50 por ciento por el Estado sueco y especializado en los conflictos, armamentos, control de armamento y desarme.

Primera clase

Diplo. seguridad ciudadana (panamá)
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El PPT también estará disponible en la cajita llamada "Bibliografía" o Box.net.

sexta-feira, 6 de maio de 2011

El urgente desafío de la seguridad ciudadana en América Latina

Carlos Gutiérrez P.

miércoles, 04 de mayo de 2011

Acaba de realizarse en el marco de la OEA, el VIII Foro Hemisférico de la Sociedad Civil (desarrollado los días 25 y 26 de abril), que tuvo como temática central las materias de seguridad ciudadana, democracia y derechos humanos.

Más de 60 representantes de organizaciones sociales de la región americana concluyeron con importantes recomendaciones para lo que será la próxima Asamblea General de la OEA que se desarrollará entre los días 5 y 7 de junio bajo el rótulo de Seguridad ciudadana en las Américas, relevando la centralidad que se requiere para abordar una agenda que asuma los desafíos cada vez más angustiantes de la seguridad ciudadana en el marco del respeto de los derechos de las personas y la profundización de la democracia.

Muy categórico fue el discurso inaugural del Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Embajador Adam Blackwell, quien recordó que en el año 2010 más de 130.000 personas fueron asesinadas en las Américas, región en la que se cometen más de dos tercios de todos los secuestros del planeta y donde cada tres minutos ocurre un homicidio. "El crimen y la violencia matan en nuestra región a más gente que el SIDA o cualquier otra epidemia conocida, y destrozan más hogares que cualquier crisis económica que hayamos sufrido", fue una de sus afirmaciones más esclarecedoras de la dimensión e impacto de la violencia delictual. Añadió que "la situación ha llegado a tales extremos que hoy debemos reconocer que la falta de seguridad no sólo afecta directamente a la integridad física, la tranquilidad y el patrimonio de las personas, sino que constituye también una amenaza a la estabilidad, al fortalecimiento democrático, al estado de derecho y al desarrollo de todos los países de las Américas".

Fue una opinión unánime la evaluación en torno a que esta creciente dinámica delictual tiene profundas raíces en las desigualdades sociales, en un proceso de atracción y concentración urbana que reproduce segmentaciones económicas, sociales y culturales; en los indicadores duros de cesantía y desempleo juvenil, lo que ha significado que en las encuestas nacionales, las variables de inseguridad y delincuencia han pasado a ocupar el primer lugar de las preocupaciones ciudadanas y sobrepasado al tema del desempleo.

También fue muy relevante exponer una percepción común desde las organizaciones sociales relativas a ciertas decisiones que tienden a acentuar la óptica reactiva y represiva sobre una opción de prevención, rehabilitación y protagonismo de los actores sociales en la escala local, como sujetos de su propia estrategia de seguridad ciudadana.

Dentro del marco crítico, las organizaciones sociales se manifestaron contrarias a la política cortoplacista de empleo de las fuerzas armadas en el control y represión de la delincuencia y crimen organizado, así como al énfasis en la promoción de la "seguridad privada" que aparentemente otorgan empresas especializadas y que en algunos países no solo escapan a controles políticos y jurídicos, sino que también suelen ser más numerosas y mejor rentadas que las mismas fuerzas policiales, generando una competencia desigual con las estructuras institucionales del estado. Esta tendencia a la privatización de la seguridad ciudadana incluso ha sido adoptada por instancias de gobiernoslocales (como los municipios), que han generado estructuras de fuerzas propias que corren paralelas a las policías oficiales.

Por otro lado también es urgente dimensionar el impacto político de la inseguridad, que según Víctor Rico, Secretario de asuntos políticos de la OEA, tiene múltiples facetas. La primera de ellas tiene que ver con el gobierno y su rol, un aspecto en el que deben ser consideradas la adopción de medidas excepcionales y la pérdida de apoyo al gobierno como causa de insatisfacción. La segunda dimensión tiene que ver con la institucionalidad democrática, donde un bajo nivel de confianza en las instituciones y las tensiones entre los poderes públicos hacen que surja un rol protagónico de las fuerzas armadas, y que se produzca una pérdida de autonomía del poder judicial. La tercera dimensión tiene que ver con el estado de la democracia en algunos países, lo que incluye bajos niveles de satisfacción, alta tolerancia a la ruptura del orden legal, violaciones a los derechos humanos y la privatización de la seguridad.

La combinación de estos factores constituye lo que se denomina como el círculo de amenaza de la inseguridad pública para la democracia. Este conjunto de relaciones puede poner en riesgo los pilares de la gobernabilidad democrática, abriendo las puertas a posturas autoritarias, al desconocimiento de los mecanismos institucionales y a la emergencia de frentes políticos que basan su discurso y apoyo popular en la mano dura o el populismo punitivo, que tienen adscripciones y medidas efectistas, particularmente ante coyunturas electorales, pero que posterga las soluciones de fondo.

En estos debates se alertó que el mayor riesgo para la gobernabilidad democrática es la influencia del crimen organizado sobre territorios y comunidades en los cuales la presencia estatal es baja y las fracciones criminales pueden llegar a suplantarlo en algunas de sus funciones

Muy coincidente con la evaluación que ha hecho recientemente Antonio Luigi Mazzitelli, representante para México, Caribe y Centroamérica de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), para la situación de México en el sentido de que ésta no es resultado sólo de una mala estrategia oficial de lucha contra el crimen organizado, sino que confluyen otros factores como la descomposición social que no abona a una cultura de la legalidad y la cada vez más creciente diversificación de actividades y control de territorios por parte de las bandas criminales que operan en el país.

En esta dirección, aparece como una conclusión consensuada el esfuerzo en trabajar por un control territorial más preventivo que correctivo, para tratar de erradicar el problema antes de que se vuelva incontrolable. Y por lo tanto son las estructuras locales, municipales y estatales, junto a los actores sociales en esas mismas escalas, las que deben de garantizar en primera instancia el control territorial.

*Carlos Gutiérrez Palacios es Licenciado en Historia por la Universidad Católica de Chile,
director de la ONG Centro de Estudios Estratégicos, en Chile y magister en Ciencias Militares.

http://www.ateneadigital.es/RevistaAtenea/REVISTA/articulos/GestionNoticias_4603_ESP.asp#


Fiscal mexicana elige a otra mujer como mano derecha en lucha antidrogas

Diversos cambios


MÉXICO - La fiscal general de México, Marisela Morales, renovó este lunes la cúpula del organismo y eligió en un puesto clave para la lucha contra los cárteles narcotraficantes a Patricia Bugarin, ex coordinadora de un órgano de control ciudadano de la capital, informó la dependencia.

A casi un mes de que Morales se convirtiera en la primera mujer que dirige la Procuraduría (fiscalía) General de la República, este lunes fueron renovados los titulares de tres subprocuradurías y el de su cuerpo policial, entre otros cambios.

Otra mujer la sustituirá

Patricia Bugarin fue designada para encabezar la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), la división antidrogas de la fiscalía, en relevo precisamente de Morales.

Bugarin era hasta ahora coordinadora del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la capital mexicana, un organismo de la sociedad civil que monitorea a las dependencias responsables de la seguridad.

La fiscalía general equivale a un Ministerio de Justicia y en México también tiene competencia para la investigación. Es la institución responsable de la presentación de cargos contra los detenidos en la lucha antidrogas, en el marco de la cual se han cometido más de 35 mil asesinatos en los últimos cuatro años.

http://noticias.univision.com/narcotrafico/noticias/article/2011-05-03/fiscal-mexicana-elige-a-otra

terça-feira, 12 de abril de 2011

Diálogo Democrático



El Proyecto Regional de Diálogo Democrático fue iniciado en 2001 por la Dirección Regional para América Latina y el Caribe (DRALC). Desde entonces, el Proyecto constituye un instrumento activo de servicio a los esfuerzos de diálogo promovidos por las oficinas de campo de América Latina y el Carible. Desarrolla, difunde y aplica tecnologías sociales diversas para apoyar tareas de prevención y manejo de conflictos y construcción de consensos en las democracias de la región. Recupera y sistematiza experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas, brinda asistencia técnica y capacitación específica a las necesidades de los países, y construye alianzas con otras instituciones regionales y mundiales dedicadas al diálogo
democrático.

segunda-feira, 28 de março de 2011

Segunda Edición del Diplomado de Gestión de Políticas Públicas en Seguridad Ciudadana


Estimados,

El cluster de Prevención de Crisis y Recuperación del PNUD en conjunto con la iniciativa inter-agencial de las Naciones Unidas "Ventana de Paz" y el Instituto de Criminología de la Universidad Nacional de Panamá presentan la segunda edición del Diplomado de Políticas Públicas en Seguridad Ciudadana que se dictará en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. El período de matrícula ya está abierto hasta el 6 de mayo de 2011. Más informaciones en el flyer que sigue o envien un correo a icrup@yahoo.com

quinta-feira, 3 de março de 2011

Gobierno e indígenas reanudan hoy diálogo en San Félix

Redacción
Web


Jimmy Papadimitriu encabeza la Comisión del Gobierno Nacional. Foto/José Vásquez


Hoy a partir de las 10.00 de la mañana se reanuda el diálogo entre la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y los Ngäbe Buglé y la Comisión de alto nivel nombrada por el presidente de la República, Ricardo Martineli.

Según se tiene programado, la reunión se efectuará de manera pública en uno de los salones abiertos existentes en el Centro de Formación Virgen del Camino en el distrito de San Félix en la provincia de Chiriquí.

Se conoció que la seguridad del lugar estará a cargo de los bugoday (policías indígenas), quienes evitaran que se registren los incidentes del día martes cuando personas no identificadas lanzaron piedras a los vehículos que trasladaban a los Ministro de Estado.

El ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu quien preside la comisión gubernamental cito para hoy jueves a las ocho de la mañana a los medios de comunicación social para una conferencia de prensa en el lugar de las negociaciones.

Rogelio Montezuma y Alberto Montezuma quienes lideran la Coordinadora indígenas señalaron que hoy presentaran siete puntos a negociar entre ellos la derogación de la Ley 8 y la creación de una ley que prohiba la exploración y explotación de la minería en la comarca y el uso de los recursos hídricos.

El pasado martes ambas agrupaciones iniciaron el diálogo en el distrito de San Félix.